Este lunes, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una reforma a la Contribución Especial de Mejoras (CEM), un cambio significativo impulsado por el alcalde Pabel Muñoz. La reforma busca corregir inequidades históricas en el financiamiento de obras públicas, cambiando un sistema en el que solo los ‘frentistas’ pagaban por las obras, a uno más solidario y proporcional donde todos los beneficiarios contribuirán al costo. Con el nuevo modelo, se eliminará la carga financiera exclusiva de unos pocos vecinos, promoviendo una mayor equidad en la distribución de costos.
El nuevo sistema establecerá cuatro niveles de cobro: local, parroquial, zonal o distrital, dependiendo de la magnitud de la obra. Este enfoque busca reconocer el beneficio que reciben todos los ciudadanos de las intervenciones urbanas. Además, la reforma planteará un cambio en el plazo de pago, extendiéndolo de cinco a 20 años, lo que permitirá que las comunidades puedan adaptarse mejor a la realidad económica de los barrios.
El nuevo esquema entrará en vigor en 2026 y tiene como objetivo garantizar que el desarrollo de infraestructura urbana no comprometa la estabilidad económica de las familias. El alcalde Muñoz y la vicealcaldesa Fernanda Racines han enfatizado que esta es una medida necesaria para promover la corresponsabilidad ciudadana, asegurando que, en lugar de cargas desproporcionadas, el costo de las obras se distribuya de manera justa entre todos los que se benefician de ellas.
