El Parlamento israelí ha aprobado una reforma legal que permite imponer la pena de muerte a palestinos condenados por asesinatos relacionados con actos terroristas. La medida, promovida por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha dividido a la población. Las calles de Jerusalén reflejan una mezcla de triunfo, indignación e incertidumbre entre los ciudadanos sobre las implicaciones de esta ley polémica.
Las reacciones incluyen críticas a la medida, que algunos califican de racista y contraria a los derechos humanos. Organizaciones como Adalah han presentado recursos ante el Tribunal Supremo, argumentando que la ley es inconstitucional. A pesar de ello, hay quienes defienden la pena de muerte como un medio de disuasión frente a posibles atentados, reflejando una creciente polarización en la sociedad israelí.
