El Gobierno de Ecuador ha informado sobre una reducción del 28% en los homicidios tras implementar un toque de queda en cuatro provincias desde marzo. Esta medida, que cuenta con la presencia de fuerzas policiales y armadas, ha llevado a la detención de más de 4,300 personas y a operaciones contra bandas criminales, según el informe oficial.
Sin embargo, expertos en seguridad han cuestionado la sostenibilidad de estas cifras, señalando que el crimen podría reconfigurarse en otras áreas. La falta de claridad sobre los resultados judiciales de las detenciones y la necesidad de una evaluación a largo plazo son puntos criticados, destacando la importancia de abordar causas estructurales de la violencia en el país.
