La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el concejal Emilio Uzcátegui han entregado más de 160 amicus curiae en oposición a las reformas recientes al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Este esfuerzo busca proteger los servicios sociales y culturales que benefician a la ciudadanía. La situación surge tras la aprobación de las reformas el 29 de febrero, que según críticos, eliminan partidas presupuestarias esenciales para programas de desarrollo local.
El concejal Uzcátegui argumentó que las reformas violan principios de generalidad, retroactividad y seguridad jurídica al imponer reglas diferentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). En la misma línea, la vicealcaldesa resaltó que defenderán los derechos adquiridos por los quiteños frente a cambios que amenazan la continuidad de servicios básicos para la comunidad.
En total, 23 demandas de inconstitucionalidad han sido presentadas junto con el respaldo de 165 amicus curiae que argumentan la importancia de los recursos eliminados. Además, 145 organizaciones han colaborado en la presentación de estas herramientas legales, con el objetivo de salvaguardar espacios claves para el desarrollo de los ciudadanos de Quito y otras localidades de Pichincha afectadas por las reformas.
