La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el concejal Emilio Uzcátegui han presentado más de 160 ‘amicus curiae’ junto con 23 demandas de inconstitucionalidad contra reformas recientes al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Este movimiento busca proteger los servicios sociales y culturales que son esenciales para los ciudadanos. Los concejales argumentan que estas reformas introducen inequidades y afectan la seguridad jurídica de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Desde la aprobación de estas reformas el 29 de febrero, diversas organizaciones sociales han expresado su oposición, señalando que las nuevas normas eliminan partidas presupuestarias cruciales. Las demandas legales y los amicus curiae argumentan sobre la importancia de mantener estos fondos para el desarrollo social y cultural de la comunidad. Un total de 145 organizaciones han respaldado la acción del Municipio de Quito, incluyendo centros educativos y agrupaciones culturales.
Además, la Prefectura de Pichincha también ha presentado una demanda similar que incluye 20 amicus curiae, firmados por diversas entidades y personalidades del ámbito cultural y social. Las acciones legales reflejan un esfuerzo colectivo por preservar los derechos adquiridos y asegurar la continuidad de programas que han sido beneficiosos para la ciudadanía quiteña y pichinchana.
