La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, junto al concejal Emilio Uzcátegui, ha presentado más de 160 amicus curiae en oposición a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Este esfuerzo busca proteger los servicios sociales y culturales que reciben los ciudadanos. Los concejales argumentan que las reformas afectan de manera desproporcionada a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en comparación con el Gobierno Central, lo que podría desestabilizar los presupuestos aprobados para el año en curso y amenazar la seguridad jurídica de estos organismos.
Las reformas, aprobadas el pasado 29 de febrero, provocaron movilizaciones sociales en defensa de los programas culturales y sociales. Las agrupaciones han expresado que la eliminación de partidas presupuestarias esenciales perjudica a la ciudadanía y limita el desarrollo comunitario. En respuesta a esta preocupación, se han interpuesto 23 demandas de inconstitucionalidad, apoyadas por 165 amicus curiae que aportan argumentos técnicos sobre la necesidad de mantener estas partidas y las consecuencias negativas de su eliminación.
Además del respaldo del Municipio de Quito, que cuenta con la colaboración de 145 organizaciones, la Prefectura de Pichincha también ha presentado amicus curiae en su demanda, con el apoyo de diversas agrupaciones e individuos. Las diferencias entre los GAD y el Gobierno Central en cuanto a la aplicación de las reformas han generado un amplio debate sobre los derechos adquiridos y la importancia de garantizar servicios públicos sostenibles para los quiteños.
