La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, junto al concejal Emilio Uzcátegui, han presentado más de 160 ‘amicus curiae’ y 23 demandas contra las recientes reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Los funcionarios expresan su preocupación por el impacto negativo que dichas reformas podrían tener en los servicios sociales y culturales que los ciudadanos reciben. Argumentan que estas reformas aplican reglas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que no se aplican al Gobierno Central, además de que afectan presupuestos ya aprobados, lo cual podría generar inseguridad jurídica al momento de planificar y ejecutar proyectos locales.
Los grupos sociales han reaccionado a la aprobación de estas reformas, movilizándose para resguardar los programas culturales y sociales que dependen de partidas presupuestarias que se verían eliminadas. Según los concejales, la defensa de los derechos adquiridos por los quiteños es fundamental y estos servicios deben ser garantizados. La demanda presentada por el Municipio ha encontrado respaldo en 145 organizaciones, incluidas varias entidades educativas y culturales, que temen que la reducción de recursos afecte el desarrollo integral de la ciudadanía.
La Prefectura de Pichincha también se ha unido a esta causa, con su propia demanda que incluye 20 ‘amicus curiae’ provenientes de diversas organizaciones y personalidades locales. El creciente número de apoyos indica un fuerte sentimiento en la comunidad sobre la importancia de preservar los servicios públicos esenciales frente a los cambios legislativos recientes. La situación continúa evolucionando a medida que más entidades expresan su interés en participar en la defensa de estos derechos fundamentales.
