El Gobierno de Ecuador declaró un nuevo estado de excepción en diez provincias y tres cantones ante el fuerte repunte de violencia y la expansión del crimen organizado. La decisión, oficializada mediante decreto ejecutivo, busca frenar homicidios, ataques armados y otras actividades delictivas que han elevado la alarma social en varias regiones del país.
La medida contempla restricciones a ciertos derechos, operativos conjuntos y controles de movilidad en zonas críticas. Según informes oficiales, el deterioro de la seguridad responde a estructuras criminales ligadas al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el lavado de activos, con impactos directos en la vida cotidiana y en el orden público.
