La Fiscalía General del Estado iniciará una investigación tras los indicios de lavado de activos detectados por la UAFE en el caso Progen. El reporte señala posibles recursos vinculados a contratos públicos por más de 104 millones de dólares en el sector eléctrico, además de transferencias nacionales e internacionales que habrían configurado una red de triangulación de fondos.
El análisis también identifica pagos a terceros sin justificación económica aparente y adquisiciones de bienes inmuebles que podrían haber servido para incorporar dinero al sistema formal. La UAFE envió el informe de operaciones inusuales e injustificadas a la Fiscalía e inmovilizó fondos de personas y empresas con señales graves y verificables de presuntas operaciones ilícitas.
