La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con 143 votos una investigación parlamentaria sobre presuntas irregularidades en la videovigilancia municipal de Guayaquil. La decisión surge tras denuncias de espionaje político y la difusión de audios que sugieren el uso de recursos estatales para seguimientos. El proceso busca esclarecer posibles vulneraciones a protocolos de seguridad.
La Comisión de Seguridad Integral liderará la fiscalización durante 60 días y podrá solicitar informes, documentos y comparecencias de autoridades vinculadas a Segura EP y otras entidades. El informe final será entregado al Pleno. Además, la Contraloría, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el ECU 911 fueron notificados.
