Desde el 8 de junio de 2026, tras el hallazgo sin vida de Monika Silva en su hostal de Montañita, la Defensoría del Pueblo no ha emitido un pronunciamiento público. Organizaciones de derechos humanos cuestionan la falta de activación de mecanismos de protección, pese a que la activista había denunciado amenazas de muerte relacionadas con presuntos hechos de corrupción y pidió ayuda a entidades estatales y diplomáticas.
La ausencia de respuesta contrasta con el mandato constitucional de la institución, que debe proteger derechos, investigar vulneraciones y patrocinar acciones de protección. Vivian Idrobo afirmó que la Defensoría tenía competencia para intervenir y criticó su desempeño. En redes sociales, la entidad difundió contenidos sobre educación financiera y adultos mayores, sin referencias al caso ni a otras denuncias sensibles.
