El decreto que redefine el conflicto armado interno en Ecuador recibe cuestionamientos por ampliar el poder del Ejecutivo y reducir controles. La medida habilita mayor cooperación internacional contra el crimen organizado, pero deja ambigüedades sobre inteligencia, presencia de agentes extranjeros y uso de la fuerza. También abre la puerta a indultos y conmutaciones para militares y policías involucrados en operaciones.
La decisión se interpreta como una estrategia política para normalizar un escenario excepcional y justificar una respuesta más dura frente a bandas criminales. El texto advierte que faltan supervisión legislativa y judicial, además de protocolos públicos sobre detenciones, allanamientos y protección de civiles. Sin esos límites, el gobierno podría fortalecer la arbitrariedad y la impunidad anticipada en nombre de la seguridad.
