La estabilidad jurídica se debilita cuando las normas cambian al ritmo del péndulo político o se manipulan mediante interpretaciones forzadas, decretos y omisiones. Ese uso discrecional de la ley erosiona la seguridad del sistema, favorece la anomia y convierte el orden legal en una fachada que legitima un aparato institucional corroído y sin límites claros al poder.
La recuperación del Estado de derecho aparece como prioridad ante autoridades que aplican la ley de forma caprichosa. Jueces, fiscales y funcionarios pueden estirar las reglas para fines políticos o institucionales, mientras la ciudadanía queda expuesta a abusos, impunidad y desigualdad ante la norma. La defensa de reglas estables protege a débiles y poderosos por igual.
