La calidad democrática depende de instituciones capaces de investigar y sancionar sin presiones, incluso cuando los involucrados pertenecen al poder. La actuación autónoma de jueces y fiscales convierte el Estado de derecho en una realidad, no en una consigna. España aparece como referencia por mostrar que la independencia judicial puede sostener controles efectivos sobre dirigentes vinculados al gobierno.
La democracia también se mide por su capacidad para resistir la corrupción y la narcopolítica. Cuando la justicia responde solo a la ley, la ciudadanía obtiene una garantía esencial de libertad y transparencia. La discusión sobre elecciones ajustadas y legitimidad institucional refuerza la necesidad de mecanismos que fortalezcan el sistema político y protejan la autonomía de los poderes públicos.
