La Fiscalía afirmó que el magnicidio de Fernando Villavicencio fue una operación planificada durante más de dos años por una red que mezcló motivación política, intereses económicos y crimen organizado. Señaló a Xavier Jordán como impulsor del plan y a José Serrano como proveedor de capacidades estratégicas, usando contactos en Policía e inteligencia para seguir la rutina del candidato y detectar sus vulnerabilidades.
La acusación incluye a Ronny Aleaga y Daniel Salcedo como nexos entre la cúpula política y los operadores, mientras Wilmer Chavarría, alias Pipo, habría dirigido la ejecución por un millón de dólares. La defensa de Jordán rechazó la tesis fiscal y sostuvo que no existen pruebas materiales ni documentales suficientes sobre transferencias, cuentas o respaldo directo en el expediente.
