La Contraloría General del Estado quedó autorizada para eliminar, destruir o borrar de forma segura documentos físicos y digitales con información confidencial, reservada, secreta o secretísima. La disposición fue incluida en la ley sobre uso delictivo de uniformes y entró en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial, con aprobación legislativa y sanción presidencial.
La facultad aplica a procesos, auditorías, exámenes especiales y expedientes institucionales, siempre dentro de 30 días calendario. La norma excluye información vinculada con procesos judiciales pendientes, investigaciones penales vigentes, responsabilidades civiles o administrativas e indicios de responsabilidad penal no prescritos. La Contraloría deberá emitir la regulación secundaria para aplicar el procedimiento.
