La elección del proyecto del Museo Nacional quedó envuelta en polémica tras cuestionamientos por presunta injerencia política y conflictos de interés. Lo que debía resolverse con criterios técnicos terminó marcado por dudas sobre la independencia del jurado y la transparencia del proceso. El caso reavivó críticas sobre la capacidad institucional para organizar concursos públicos confiables en Ecuador.
También genera preocupación el concurso para fiscal general, estancado por la falta de aprobación de méritos en el Consejo de Participación Ciudadana, y la renovación de vocales del Consejo Electoral. La cercanía de otras designaciones alimenta sospechas de retrasos calculados. La presión política aparece como factor que distorsiona procedimientos y debilita la credibilidad de decisiones estatales.
