El Tribunal Contencioso Electoral suspendió por nueve meses al movimiento Amigo, que planeaba respaldar candidaturas del correísmo, tras una alerta de la Fiscalía por presunto lavado de activos. La decisión coincidió con cambios en el Consejo Nacional Electoral e inhabilitaciones de aspirantes, lo que intensificó el debate sobre la legitimidad del proceso seccional de 2026 en Ecuador.
Dirigentes de varios partidos denunciaron abuso de poder, falta de independencia y resoluciones tomadas fuera de las urnas. Geovanni Atarihuana, Alfredo Serrano y Javier Orti cuestionaron la actuación de las autoridades electorales y advirtieron que la incertidumbre erosiona la confianza ciudadana. Henry Cucalón sostuvo que la Función Electoral debe recuperar legitimidad mediante procesos transparentes de renovación institucional.
