El Gobierno de Daniel Noboa incluyó en el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 la creación de tribunales o salas especializadas para casos vinculados con militares y policías. La medida busca que procesos sobre integrantes de la fuerza pública sean atendidos por instancias con conocimiento de su labor operativa, dentro del Consejo de la Judicatura, en medio del combate al crimen organizado.
La propuesta reabre el debate sobre la justicia militar en Ecuador, eliminada con la Constitución de 2008, que estableció la unidad jurisdiccional y cerró las cortes militares y policiales. El plan no precisa cómo operaría el sistema ni su alcance, mientras persisten cuestionamientos sobre independencia judicial y el posible regreso de fueros especiales para la fuerza pública.
