El Gobierno de Daniel Noboa incluyó en el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 la creación de tribunales o salas especializadas para causas de integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La propuesta, oficializada en el Decreto Ejecutivo 448, reabre el debate sobre la justicia militar, eliminada del ordenamiento ecuatoriano con la Constitución de 2008.
La iniciativa busca que estos procesos sean conocidos por instancias con conocimiento específico de la actividad policial y militar. Hasta ahora no se ha definido cómo operarán, qué casos asumirán ni si serán una jurisdicción independiente o salas dentro de la Función Judicial. Tampoco existe un proyecto de ley o reforma que desarrolle la propuesta.
