Ana María Raffo, asambleísta de la Revolución Ciudadana, presentó en Quito una acción de protección con medida cautelar para frenar la suspensión de nueve días sin sueldo que le impuso el Consejo de Administración Legislativa. La legisladora sostiene que la sanción vulneró su derecho a la defensa, al trabajo y al debido proceso tras la queja de Janina Rizzo.
La demanda recayó en un tribunal de Iñaquito y solicita anular la resolución del CAL, ordenar su reincorporación inmediata y pagar los salarios retenidos. Raffo también pide borrar los antecedentes disciplinarios de la Asamblea. El conflicto surgió por un insulto atribuido a la correísta en una comisión legislativa, según la sanción notificada el 22 de julio.
