La suspensión de la organización política Amigo abrió un debate en Ecuador por el uso de denuncias anónimas y el alcance de la presunción de inocencia. El caso se vinculó a una llamada al 1800-DELITOS, lo que levantó dudas sobre qué pruebas respaldaron la decisión y qué filtros aplicó la Función Electoral antes de actuar.
La polémica creció porque este tipo de resoluciones puede afectar la participación de organizaciones políticas con sus candidatos sin una verificación previa clara. Además, el Gobierno anunció que abrirá otro canal para recibir denuncias por WhatsApp a la Secretaría de Integridad Pública, mientras persisten las preguntas sobre defensa, validez de pruebas y límites a la denuncia anónima.
