La defensa de Antonio Gonçalves pidió a la Fiscalía que la Presidencia aclare el alcance del Decreto Ejecutivo 355, emitido el 14 de agosto de 2024. El abogado Leonardo Stagg sostiene que esa norma no le daba al exministro de Energía facultades para administrar Celec EP, intervenir contratos, ordenar pagos ni decidir sobre garantías o recursos de la estatal.
El pedido busca debilitar uno de los argumentos usados por la Fiscalía en el proceso por presunto peculado dentro del caso Progen. Stagg afirma que el decreto solo encargaba a Gonçalves coordinar acciones frente al estiaje y que no podía ser responsabilizado por hechos sobre los que nunca tuvo autoridad legal para actuar.
