Un ministro declaró públicamente, en la antesala de las elecciones, que nadie había podido desmentir la culpabilidad de los alcaldes detenidos. La frase abrió cuestionamientos sobre el debido proceso y la presunción de inocencia, al colocar la carga de probar la inocencia sobre los procesados en lugar de exigir al Estado la prueba de culpabilidad.
La advertencia apunta al impacto institucional de este tipo de mensajes: trasladan el juicio de los tribunales a las ruedas de prensa y convierten la sospecha en veredicto mediático. El texto sostiene que esa práctica erosiona garantías constitucionales y puede debilitar el Estado de derecho, especialmente cuando el poder público se pronuncia antes de una sentencia.
