La audiencia de presentación de pruebas del caso Triple A se reinstaló este 2 de agosto en el Complejo Judicial Norte de Quito y avanzó a su tramo decisivo. El proceso involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, además de 15 personas y seis empresas investigadas por una presunta red de distribución y comercialización irregular de combustibles.
La Fiscalía sostiene que la estructura habría operado con diésel subsidiado y que el perjuicio para el Estado alcanzaría unos 61 millones de dólares. La defensa rechaza la acusación y cuestiona que no se hayan probado actos ilícitos. En la diligencia aún restan tres testimonios clave antes de los alegatos finales.
