La falta de responsables claros en las instituciones públicas convierte trámites administrativos en procesos largos y sin resolución oportuna. Ciudadanos presentan solicitudes esperando una decisión, pero los expedientes pasan de un escritorio a otro mientras llega el silencio. El problema no cuestiona los procedimientos, sino la dilución de la responsabilidad dentro del Estado.
El texto advierte que esa demora provoca efectos irreversibles: organizaciones paralizadas, patrimonios deteriorados y meses que las personas adultas mayores no pueden recuperar. La exigencia central es que toda decisión pública tenga un responsable visible y que cada retraso sea explicado. Sin ese control, el Estado pierde capacidad para corregir sus errores.
