El Estado de derecho impone límites al poder público y mantiene la independencia judicial como base de la democracia. Ninguna autoridad puede anticipar culpabilidades, presionar decisiones ni usar recursos estatales fuera de la ley, incluso en medio de la lucha contra el crimen y la corrupción, según el texto.
La Constitución también prohíbe actuar sin sustento legal, aplicar normas de forma retroactiva o destinar recursos públicos a fines no permitidos. El llamado central es que la seguridad no puede avanzar sacrificando el debido proceso, porque hacerlo debilita la legitimidad de la respuesta estatal y abre la puerta a la arbitrariedad.
