La llegada de 72.000 personas a Ceuta abrió un choque político en la Unión Europea y puso bajo presión la coordinación fronteriza del bloque. España aseguró que 70.000 ya fueron devueltas y defendió que Schengen no estuvo en riesgo, mientras varios socios exigieron respuestas más duras y criticaron la gestión de la crisis.
Bruselas respaldó a Madrid y descartó romper el acuerdo Schengen, aunque admitió fallas de comunicación durante la emergencia. La discusión derivó en propuestas para reforzar fronteras físicas y trasladar solicitudes de asilo fuera de la UE. Francia, en cambio, rechazó presionar a España y cuestionó que la crisis se usara políticamente.
