Grupos de campesinos marcharon en Ciudad de Panamá hasta la Corte Suprema de Justicia para rechazar la inundación de sus tierras y el cierre y traslado de ocho cementerios por la construcción del nuevo embalse de Río Indio. La Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses presentó un recurso legal contra el decreto que fija un plazo máximo para las inhumaciones en esos camposantos.
La obra, valorada en 1.500 millones de dólares, busca asegurar el agua del Canal de Panamá y del país por 50 años, pero implica el reasentamiento de unas 2.000 personas de 38 comunidades. Los campesinos también pidieron medidas cautelares a la CIDH, mientras la administración del Canal afirma haber acordado compensaciones con más del 70% de las familias afectadas.
