El caso Muralla arrancó con una denuncia anónima sobre un presunto direccionamiento de contratos en el Municipio de Machala. La Fiscalía abrió la investigación por peculado y luego la orientó a enriquecimiento ilícito, tras reunir informes del SRI, UAFE, Contraloría, Superintendencia de Compañías, IESS y Policía Nacional en el expediente judicial 17L03-2026-00007G.
El expediente atribuye a Darío Macas movimientos por cerca de USD 2,7 millones y a su esposa por unos USD 4 millones entre 2019 y 2025, pese a que el alcalde declaró ingresos por unos USD 300.000. La Fiscalía sostiene que el incremento patrimonial superaría los USD 6 millones y también revisa actuaciones de Aguas Machala EP, Aseo Machala EP y el Cuerpo de Bomberos de Machala.
