
Quito enfrenta un aumento de inseguridad marcado por desapariciones, casos de escopolamina y hechos de violencia extrema, incluido el hallazgo de un cuerpo decapitado y embalado. La preocupación ciudadana crece mientras se erosiona la sensación de tranquilidad en la capital. El problema ya no solo son los hechos, sino el riesgo de normalizarlos en la vida diaria.
El plan de seguridad del Gobierno queda bajo presión para ejecutarse con eficacia y coordinación entre el Municipio de Quito, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras instituciones. La ciudadanía exige resultados y presencia estatal, no disputas de competencias ni confrontación política. La prioridad es recuperar prevención, investigación y control en las calles de la capital.