El caso por presunta calumnia contra Eduardo Carmigniani volvió a poner bajo la lupa a la Justicia ecuatoriana tras cuestionamientos por no aplicar un criterio fijado por la Corte Constitucional. El debate gira en torno al párrafo 271 de la sentencia unánime 105-23-IN/25, emitida el 17 de diciembre de 2025, que define parámetros para establecer cuándo una expresión puede configurar ese delito.
Juristas advierten que apartarse de esos precedentes compromete la seguridad jurídica y puede derivar en recursos, sanciones administrativas e incluso en un eventual error inexcusable o derivaciones a la Fiscalía. También señalan que, si se comprueba el incumplimiento de un fallo constitucional, la Corte podría destituir al juez para frenar nuevas desobediencias dentro del sistema judicial.
