El Gobierno del Ecuador estableció un procedimiento para regular el ingreso, registro y permanencia temporal de militares estadounidenses, empleados civiles y contratistas en el país. La medida aparece en medio de advertencias sobre el impacto de una fuerza militar mucho más poderosa y sobre la dificultad de retirarla después de instalada.
Human Rights Watch alertó sobre riesgos para la independencia nacional y pidió atención sobre el alcance de estas operaciones. El debate se cruza con las tensiones por la presencia de Estados Unidos en la región, las presiones para abandonar la Corte Penal Internacional y los cuestionamientos por ataques a pesqueros en aguas ecuatorianas.
