Una orden judicial de febrero de 2024 dispuso levantar la alerta roja de Interpol contra uno de los sospechosos del caso Encuentro, fuera del país para su búsqueda y captura internacional. La disposición nunca se procesó y la omisión pasó más de dos años sin detectarse, lo que abrió dudas sobre el seguimiento interno y la cadena de cumplimiento institucional.
El hecho deja en entredicho a la Policía Nacional y al sistema judicial por no ejecutar una orden de un juez en un caso marcado por corrupción. La falta de acción alimenta sospechas sobre si se trató de un error grave o de una decisión deliberada, en medio de cuestionamientos a la lucha anticorrupción del Gobierno Nacional.
