José Manuel De Oliveira, excoordinador jurídico del Ministerio de Energía, quedó en el centro del caso Progen tras la audiencia de vinculación en la Corte Nacional de Justicia. La Fiscalía lo relaciona con los contratos para los proyectos eléctricos de Salitral y Quevedo, y sostiene que tuvo acceso a documentación sensible antes de la declaratoria formal de emergencia.
El Ministerio Público pidió prisión preventiva para él y otras nueve personas por presunto peculado, al alegar riesgo de fuga y posible obstaculización de la investigación. También solicitó una difusión roja de Interpol. Entre los hechos atribuidos constan reuniones sobre prórrogas a Progen, contactos con funcionarios y el manejo de expedientes sin registro de devolución.
