El país enfrenta una crisis energética marcada por el estancamiento de nueva generación, la caída acelerada del embalse de Mazar y la corrupción en casos como Progen. El nivel del reservorio estaría a 10 o 15 metros del límite operativo, lo que eleva la presión sobre el sistema y obliga a depender de medidas de emergencia para sostener el suministro eléctrico.
El escenario se agrava por la tramitología estatal, que retrasa proyectos privados de hidroelectricidad y energías verdes, con cerca de 700 MW listos para construirse pero paralizados. A eso se suma la importación de energía costosa desde Colombia, el freno burocrático en permisos y garantías, y el riesgo de que el país siga sin una política de seguridad energética de largo plazo.
