La solicitud de la ministra de Educación, Gilda Alcívar, para separar al docente Santiago Rosano tras un plantón contra Daniel Noboa en la Universidad de Cuenca abrió una discusión jurídica sobre los límites del Ejecutivo. El caso se originó el 7 de octubre, durante la visita presidencial al campus Balzay, cuando Rosano apareció en una protesta convocada por la FEUE.
La Constitución y la LOES establecen que la destitución de un profesor universitario solo puede tramitarse dentro de la propia institución, mediante sus órganos de cogobierno y con debido proceso. El Ministerio de Educación no tiene competencia sobre universidades públicas, mientras que el pedido del asambleísta Xavier Ordóñez para aplicar la Ley de Movilidad Humana no obliga a la Universidad de Cuenca ni activa por sí solo una sanción.
