Revolución Ciudadana denunció la detención de Luisa González durante la madrugada en la parroquia Canuto, cantón Chone, provincia de Manabí, y exigió que se informe de inmediato dónde permanece retenida. El movimiento sostuvo que el operativo fue arbitrario y que hasta el pronunciamiento no se había permitido el acceso de su equipo jurídico.
La organización política responsabilizó al Gobierno y a las instituciones encargadas del procedimiento por la integridad física y psicológica de la excandidata presidencial. Además, anunció medidas cautelares urgentes ante la CIDH y alertó a organismos internacionales, mientras rechaza la investigación por presunto lavado de activos y la califica como persecución política.
