La CIDH instaló en Panamá una audiencia pública sobre la institucionalidad democrática en Ecuador, donde organizaciones sociales y expertos denunciaron deterioro del Estado de derecho, criminalización de defensores y presiones sobre la justicia. La abogada Dolores Miño afirmó que existe un patrón sistemático de hostigamiento contra jueces incómodos al poder, con campañas de desprestigio y advertencias públicas sobre sus fallos.
La audiencia también expuso alertas sobre ataques a la Corte Constitucional, incluida la militarización de su sede, restricciones presupuestarias y limitación de competencias. Patricia Carrión indicó que entre enero de 2024 y octubre de 2026, 336 defensores enfrentaron 509 procesos de criminalización. El Estado defendió sus medidas y sostuvo que actúa con control político, cautelares financieras y capacitación policial.
