En Guayaquil, un episodio de violencia contra la libertad de prensa ha desatado una polémica administrativa. Tras la agresión sufrida por equipos periodísticos de RTS, TC Televisión y Ecuavisa, la Fundación Terminal Terrestre anunció la separación de la empresa de seguridad responsable. Sin embargo, el Sercop contradijo esta justificación, lo que plantea serias dudas sobre los procesos de selección de proveedores en la ciudad.
La Fundación Terminal Terrestre justificó que la empresa de seguridad fue adjudicada a través del catálogo electrónico del Sercop, intentando así deslindarse de la responsabilidad. Por su parte, el Sercop aseveró que la empresa no está registrada en su catálogo, lo que implica que la Terminal Terrestre debe haber seguido otros procedimientos para la contratación. Esta discrepancia revela la necesidad de mayor transparencia en las contrataciones públicas.
Mientras se resuelve este conflicto administrativo, la seguridad de las instalaciones se ha asignado a otra compañía. Este caso resalta la relevancia de la supervisión en la contratación de servicios de seguridad y la importancia de asegurar que aquellos responsables de proteger a la ciudadanía no se conviertan en sus agresores. Las acciones legales correspondientes contra la empresa saliente están en marcha para buscar reparaciones por la agresión a los periodistas.
