La reforma propuesta al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) por el Gobierno central ha generado inquietud en Quito, ya que podría comprometer la atención a miles de familias en situación de vulnerabilidad. Actualmente, la Unidad Patronato Municipal San José (UPMSJ) atiende a más de 265,000 personas anualmente, ofreciendo servicios esenciales que garantizan la protección y el cumplimiento de derechos fundamentales. La reforma plantea que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) asignen hasta el 70% de su presupuesto anual exclusivamente a infraestructura y servicios públicos, lo que podría desviar fondos de programas sociales vitales.
La reforma no solo implica cambios en los porcentajes de gasto, sino que también condiciona las asignaciones del Gobierno central a la capacidad de los GAD para cumplir con esta nueva normativa. De no cumplir, las entidades podrían verse limitadas a recibir solo el mínimo constitucional, lo que afectaría directamente su capacidad de atención. La medida prioriza la infraestructura física, pero muchos programas sociales, que son fundamentales para la población vulnerable, no se consideran en este contexto de gasto.
Los servicios sociales que actualmente se prestan en Quito incluyen atención a niños, adolescentes, personas adultas mayores y víctimas de violencia de género, entre otros. La reducción de fondos para estos programas podría llevar al cierre de comedores comunitarios y a la suspensión de centros de atención, afectando severamente la red de protección social de la ciudad. Es vital que Quito mantenga la capacidad de responder a las necesidades de su población y continúe transformando vidas a través de su gestión social.
