El 20 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Ecuador comenzó a debatir un proyecto de Ley Orgánica que busca reformar el marco de minería y energía, calificado como urgente por el Ejecutivo. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer el control ambiental y establecer un marco normativo para la regulación de actividades extractivas, asegurando la participación del Estado en beneficios derivados de la explotación de recursos naturales.
A pesar de las intenciones del gobierno, organizaciones ambientales, como Cedenma, han expresado su rechazo al proyecto por considerar que vulnera derechos fundamentales, incluidos el derecho a un ambiente sano y la participación ciudadana. La asamblea enfrenta presiones para someter el proyecto a un control preventivo de constitucionalidad, garantizando procesos de participación ciudadana antes de cualquier decisión final sobre la ley.
