
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el primer informe de la ley urgente para los sectores de minería y energía durante una sesión en Guayaquil. Este proyecto, impulsado por el Ejecutivo, superó una moción de archivo presentada por la Revolución Ciudadana, gracias al respaldo del bloque oficialista. La sesión evidenció una fuerte polarización, con críticas de la oposición sobre la rapidez del proceso legislativo.
Defensores del proyecto, como Alejandro Lara, argumentaron que la reforma busca corregir déficits en los sectores minero y eléctrico y promueve la transparencia y el desarrollo. A pesar de las críticas sobre la definición de