Yasunidos, junto a otras organizaciones sociales y ambientales, ha anunciado su intención de demandar la inconstitucionalidad de la ley urgente de minería y energía, que fue aprobada por la Asamblea con 77 votos a favor. La ley, enviada por el presidente Daniel Noboa, ha generado un fuerte rechazo, especialmente por su enfoque en el modelo extractivo que beneficia a élites económicas en detrimento de derechos colectivos.
La organización Yasunidos argumenta que la nueva ley no solo intensifica la presión sobre las comunidades, sino que también retrocede en la protección constitucional de la naturaleza. Además, sostiene que el debate alrededor de su aprobación careció de la participación y transparencia necesarias, lo que ha llevado a que estas agrupaciones se preparen para presentar su demanda ante la Corte Constitucional del Ecuador.
