
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ha manifestado su preocupación ante la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), que se debatirá en la Asamblea Nacional. Muñoz sostiene que esta propuesta podría afectar gravemente la autonomía de los gobiernos locales y beneficiar los intereses privados por encima de la planificación urbana. En su pronunciamiento, destacó ejemplos negativos a nivel nacional donde el desarrollo inmobiliario ha definido de manera adversa el uso del suelo en varias ciudades.
Entre los riesgos que mencionó se incluye la posibilidad de que los municipios deban indemnizar a propietarios privados por ‘derechos adquiridos’ cada vez que se actualicen los planes territoriales. Esto podría implicar el uso de recursos públicos, afectando el presupuesto local. Además, se permitiría la conversión de suelos rurales en urbanos sin una planificación adecuada, lo que pone en riesgo el desarrollo ordenado de las ciudades, argumenta el alcalde.
El proyecto también contempla aumentar las atribuciones de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que podría otorgar licencias de uso del suelo que actualmente son competencia de los gobiernos locales. Adicionalmente, se prevén sanciones económicas de hasta el 3% del presupuesto anual de los municipios, cantidad que para Quito podría superar los 11 millones de dólares. Muñoz apeló a la Asamblea Nacional a considerar las opiniones de los gobiernos locales antes de avanzar con esta reforma que podría impactar directamente a los ciudadanos.