Más de 160 ‘amicus curiae’ y 23 demandas han sido presentadas contra las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en Quito. La vicealcaldesa Fernanda Racines y el concejal Emilio Uzcátegui han estado al frente de la entrega de estas herramientas legales, que buscan garantizar los servicios sociales y culturales que dependen de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Los funcionarios argumentan que las reformas generan inseguridad jurídica y afectan la planificación presupuestaria de los GAD.
La vicealcaldesa Racines enfatizó que es vital proteger los derechos adquiridos por los ciudadanos de Quito, quienes dependen de los servicios que ofrecen los GAD. La inquietud ha llevado a movilizaciones entre grupos sociales que defienden los programas culturales y sociales que se verían afectados por estas reformas, que eliminan partidas presupuestarias esenciales. Con 165 amicus curiae adicionales, se presenta un sólido frente legal que argumenta la importancia de mantener estos recursos para el desarrollo comunitario.
La respuesta a las reformas ha contado con el respaldo de 145 organizaciones, entre las cuales se incluyen centros educativos y agrupaciones culturales. Por su parte, la Prefectura de Pichincha también ha presentado su propia demanda, que incluye 20 amicus curiae respaldados por grupos como asociaciones de empleados y figuras destacadas del ámbito cultural. La situación sigue evolucionando a medida que más actores sociales se unen al reclamo por la protección de estos derechos.
