En Quito, se ha presentado una significativa oposición a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que ha llevado a la entrega de más de 160 amicus curiae y 23 demandas de inconstitucionalidad. La vicealcaldesa Fernanda Racines y el concejal Emilio Uzcátegui han encabezado esta iniciativa, argumentando la necesidad de proteger los servicios sociales y culturales que reciben los ciudadanos.
Las reformas, aprobadas el 29 de febrero, han generado preocupación en grupos sociales, quienes han destacado que estas modificaciones podrían eliminar partidas presupuestarias cruciales para programas culturales y sociales a nivel local. Racines enfatizó que estos son derechos adquiridos que se deben defender, mientras que Uzcátegui expuso razones técnicas como la generalidad y la retroactividad de los cambios propuestos.
Además de las 23 demandas, la oposición cuenta con el respaldo de 165 amicus curiae, que presentan argumentos técnicos sobre la importancia de los programas afectados. Varios grupos, incluidas asociaciones educativas y culturales, han mostrado su apoyo, resaltando las consecuencias negativas que podría tener la eliminación de estos recursos para el desarrollo comunitario.
