La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el concejal Emilio Uzcátegui han presentado un conjunto de 165 amicus curiae en oposición a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Este movimiento busca resguardar los servicios sociales y culturales que son fundamentales para los ciudadanos. Según explicó Uzcátegui, se fundamentan en razones de generalidad, retroactividad y seguridad jurídica para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
La preocupación se ha intensificado tras la aprobación de las reformas el 29 de febrero, que han llevado a movilizaciones por parte de grupos sociales que defienden los programas vitales ofrecidos por los GAD, los cuales podrían verse afectados por la eliminación de sus partidas presupuestarias. La intención es evitar que estos cambios impacten en el desarrollo comunitario y la calidad de vida de los quiteños.
El Municipio de Quito ha respaldado su demanda con el apoyo de 145 organizaciones, incluyendo centros educativos y diversas agrupaciones culturales. Por su parte, la Prefectura de Pichincha también ha interpuesto su propia denuncia, acompañada de 20 amicus curiae, respaldados por diversas personalidades y organizaciones. Este esfuerzo colectivo evidencia la relevancia de los programas sociales en el contexto local y la necesidad de protegerlos ante propuestas legislativas que podrían comprometer su continuidad.
