La reciente Ley de Defensa del Artesano ha sido criticada por limitar el desarrollo de los emprendedores en Ecuador. Esta normativa impone restricciones severas a aquellos que superan un umbral de ingresos, transformando su éxito en un problema fiscal. Muchos aspirantes a artesanos encuentran que las exoneraciones tributarias que la ley supuestamente les ofrece se convierten en una trampa que perpetúa su pobreza.
La burocracia y la falta de flexibilidad del sistema fiscal han llevado a la insatisfacción entre los ecuatorianos, con un gran número de pequeños emprendedores atrapados en un ciclo de dependencia e informalidad. La ley en cuestión no solo afecta las operaciones comerciales, sino que también quita la oportunidad de prosperar, obligando a muchos a buscar maneras de evitar la asfixia impositiva, lo que podría llevar a la evasión fiscal.
