El Consejo de la Judicatura, bajo la administración de Mercedes Caicedo Aldaz, solicitó a la Contraloría General del Estado auditorías y verificaciones técnicas sobre procesos institucionales ejecutados entre 2020 y 2026. La medida busca revisar el uso de recursos públicos, abarcar gestiones previas y reforzar la transparencia en la Función Judicial ecuatoriana.
La institución afirmó que la apertura al control externo es clave para fortalecer la confianza ciudadana y aclarar posibles dudas sobre el manejo financiero. La Contraloría definirá el cronograma de los exámenes especiales, que podrían identificar irregularidades en administraciones anteriores. La iniciativa coincide con el plan 2025-2031, centrado en corrupción y depuración administrativa.
